IDENTIFICAN A MÁS ADOLESCENTES RESPONSABLES DE AMENAZAS DE BOMBAS

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La información proviene del Ministerio Público Fiscal y se señala que en la última semana, el organismo identificó a tres personas que “habrían realizado llamadas a instituciones escolares, advirtiendo sobre la existencia de bombas”.

Según se señala, se trata de alumnos de los Centros de Educación Media de las ciudades de General Roca y Bariloche.

En cuanto a los adolescentes del alto valle, a uno de ellos se le formularán cargos en las próximas semanas y en el caso de la niña de 13 años identificada hoy, se citará judicialmente a sus progenitora para hacerle conocer las responsabilidades que el accionar de su hija implica, por ser ella la titular de la línea utilizada para efectuar el llamado. En tanto, en la ciudad de Bariloche, se realizó un allanamiento durante el día de ayer, a una vivienda particular en la que se secuestró un teléfono celular, a partir de allí se determinó que quien realizó el llamado sería un adolescente de 15 años con quien se reiterará este último temperamento.
Ante la reiteración de estos sucesos en los últimos días, los nuevos casos se sustanciaron directamente en la justicia provincial, toda vez que en las requisas que se efectúan en los edificios “no se encontraron materiales explosivos”.

Se destaca que “de esa forma se agilizaron los legajos permitiendo una rápida intervención de las fiscalías de delitos especiales y contra la Administración Pública que dan inmediata participación a la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones dependiente de la Procuración General”.

Dicho área trabaja en la identificación de los números de teléfonos, realizan entrecruzamientos de llamadas, analizan patrones e inician consultas formales con las empresas de telefonía para poder verificar el lugar desde el cual provino la comunicación y luego de ello, identificar quién la realizó.

En muchos casos, aún si las líneas tienen la titularidad bloqueada o ficticia (porque se realizan desde chips comprados para tal fin), las técnicas con las que cuenta la Oitel permiten rastrear las llamadas, más allá de estas posibles anulaciones de números telefónicos que se realizan creyendo que de esta forma puede eludirse el accionar de la justicia.

En todos los casos desde la Fiscalía se da intervención a la Defensoría de Menores.

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